Al menos 2.5 millones de trabajadores se verían directamente afectados por el nuevo Código de Trabajo propuesto por el MTPE

La informalidad podría aumentar y desincentivar la inversión. 

Mónica Pizarro, abogada laboralista y socia del Estudio Echecopar; Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE; Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE; y Pablo Lavado, vicedecano del departamento de economía de la Universidad del Pacífico; debatieron  sobre las consecuencias que tendría la aplicación del nuevo Código de Trabajo (CT) propuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en un evento organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). 

Durante el evento, los especialistas lograron encontrar consensos sobre los principales retos del mercado laboral peruano y el importante impacto negativo que tendría el Código de Trabajo, de aplicarse. También, se expusieron ideas sobre hacia donde deberían ir los principios de regulación en el campo laboral, poniendo sobre la mesa que el principal problema actual es la informalidad y que estas normas, lejos de ayudar, desincentivan la formalización.  

¿Qué dice el nuevo código de trabajo?  

Mónica Pizarro, abogada laboralista y socia del Estudio Echecopar, mostró un resumen de las principales modificaciones del anteproyecto del CT. Asimismo, indicó que la norma está basada en un proyecto de finales de los 90’s, que había sido objeto de cierto consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, pero que ha sido modificada en puntos importantes por la actual gestión del MTPE.   

“Es una situación, además, bastante irregular que tengamos un proyecto de Código de Trabajo, una norma tan relevante, que se publique entre gallos y medianoche, antes de un feriado largo, dando 20 días para comentarios y anunciando que, en principio, no pasaría nuevamente por una instancia de diálogo social como es el Consejo Nacional de Trabajo y como debería ocurrir”, dijo Pizarro.  

En la misma línea, señaló que una de las características de la norma es que tiene una visión “prohibicionista”, es decir, si algo funciona mal en el sistema de relaciones laborales, lo prohíbo. “Todo lo que no funciona bien, en lugar de arreglarlo o mejorar la fiscalización, lo vamos a prohibir. Es un poco la lógica general del proyecto y la situación a la que nos enfrentamos”, acotó la especialista. 

Además, expuso los cambios relevantes en la contratación que se incluyen en la norma, como el plazo máximo de 2 años para los contratos a plazo fijo, la prácticamente desaparición del contrato a tiempo parcial, la nueva regulación para el teletrabajo y la modificación en los límites para la contratación de trabajadores extranjeros. Por otro lado, mostró los cambios en cuanto a los despidos. Todo esto traería como consecuencia la pérdida de empleos y aumento de la informalidad. 

Intención vs resultados 

Por su parte, Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, comentó que “tenemos formalismos y prohibiciones de casi todo para un segmento pequeñísimo del mercado de trabajo que es minúsculo y, para todos los demás, es la selva”, refiriéndose así al 25% de trabajadores formales, frente al 75% de informalidad que no está afecta a ningún tipo de regulación. Al 2019, de los casi 25 millones de pobladores en edad de trabajar, son solo 6.5 millones los asalariados. Se sabe que hay más trabajadores independientes que trabajadores asalariados privados. Además, cerca del 10% de la población ocupada son trabajadores familiares no remunerados.  

El nuevo CT representaría una contradicción gigantesca entre el discurso y la intención versus los resultados. “¿Qué es lo que está detrás del discurso y la intención de una normativa laboral como la que se propone?: proteger a la clase trabajadora, proteger al lado más débil de las relaciones laborales, proteger a quienes necesitan más protección. Pero resulta que los trabajadores que pertenecen a los hogares de los deciles más pobres de este país están absolutamente fuera de la formalidad”, declaró.  

Además, hizo énfasis en que necesitamos empezar a discutir un cambio de paradigma: dejar de ver el derecho a la protección social como un derecho laboral, cuando debería ser un derecho ciudadano. 

Por su lado, Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE, comentó que el mercado de trabajo recibió un shock enorme con la pandemia. Tras esto, hemos estado viendo movimientos positivos en la producción. “Sin embargo, el mercado de trabajo ha venido muy retrasado con relación a esto. Todavía no estamos, ni siquiera, a los niveles en los que estábamos antes de la pandemia”, aseveró. 

Asimismo, Jaramillo indicó que una de las cosas más preocupantes es la nueva normativa sobre contratos a plazo fijo. Ya que son cerca de 2.5 millones de personas (aproximadamente la mitad de la PEA asalariada formal) que tienen contratos temporales. “¿Qué va a pasar con ellos al día siguiente de que se apruebe esta norma? Serán contratados en negro, pasarán a la informalidad o simplemente esos empleos dejarán de existir. La sospecha, analizando el comportamiento del mercado laboral hasta el momento, es que muy pocos de ellos pasaran a tener un contrato por tiempo indefinido”. 

Por otro lado, Pablo Lavado, vicedecano del departamento de economía de la Universidad del Pacífico, hizo énfasis en la modificación que se propone para formar sindicados y como esto induce a la atomización. “Es interesante porque les quieren dar más poder a los sindicatos, pero no están pensando en la capacidad de los sindicatos. Están asumiendo que, a mayor sindicato, mayor poder de negociación del trabajador, mejor va a ser el estado situacional del trabajador. Pero es todo al revés. Lo que vemos en la experiencia peruana es que, a más sindicatos, mayor huelga y mayor pérdida de productividad e ingresos. La construcción de capacidades no está embebida en este documento de código de trabajo”.  

Lavado también mencionó cómo la incertidumbre política afecta al mercado laboral. “La incertidumbre no afecta solamente en términos de contratación o no renovaciones de contratos, si no, también en decisiones de inversión. Y esto ya lo estamos viendo desde mediados del 2021”, comentó. 

Finalmente, Lavado y Jaramillo convinieron en que, de aprobarse el CT la informalidad crecería entre 6 y 7 puntos porcentuales.