Prohibir monopolios no resuelve problemas y perjudica el crecimiento empresarial
- Solo un Indecopi fuerte y capaz podrá evaluar los mercados relevantes a nivel nacional para poder identificar y sancionar las prácticas anticompetitivas
El Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso que plantea una reforma constitucional para prohibir toda práctica que limite la libre competencia, el abuso de la posición de dominio, y los monopolios y oligopolios.
Sin embargo, la propuesta legislativa desconoce que la Constitución y otras normas vigentes ya sancionan el abuso de posición de dominio y toda práctica que afecte la libre competencia, además, resulta inviable de implementar y desvía la atención de los verdaderos retos pendientes de la política de libre competencia en el Perú.
¿Es viable prohibir monopolios?
Muchas veces el éxito que alcanzan las empresas en un determinado mercado les da tal participación que se convierten en monopolios u oligopolios. En estos casos, la prohibición de la existencia de este tipo de empresas sería contraproducente y negativo para la economía, ya que eliminaría el incentivo que tienen los negocios para mejorar y crecer.
Es importante aclarar que también existen empresas que logran una posición monopólica u oligopólica por mecanismos indebidos, al respecto, la normativa actual ya prohíbe y sanciona este tipo de empresas.
El proyecto de ley también estaría prohibiendo los monopolios naturales, que se dan cuando es más eficiente que solo una o pocas empresas provean un bien o servicio debido a los altos costos fijos de producción. Es así que el cambio normativo haría inviable, por ejemplo, la existencia del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y del resto de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, ya que monopolizan la provisión de agua y alcantarillado en cada ciudad del país.
Por otro lado, es muy poco probable que el Estado pueda identificar y sancionar la existencia de monopolios y oligopolios en todos los mercados a nivel nacional.
¿Qué dice la normativa actual?
La normativa actual ya le otorga al Estado la responsabilidad de evitar y sancionar toda conducta que limite la libre competencia, incluyendo el abuso de la posición de dominio por parte de empresas monopólicas u oligopólicas.
El artículo 61 de la Constitución establece la función de facilitar y vigilar la libre competencia, y de combatir toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Además, el mismo artículo prohíbe los monopolios autorizados por ley, así como todo tipo de exclusividad o acaparamiento en los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación.
Además, en el 2008, se aprobó la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas que aborda la defensa de la libre competencia en diversos aspectos. El artículo 10 prohíbe y sanciona el abuso de la posición de domino. Asimismo, los artículos 11 y 12 prohíben las colusiones verticales y horizontales que afecten la libre competencia, como la concertación de precios, los acuerdos entre empresas para limitar la producción y el reparto de clientes, entre otros.
Problemas por resolver
La medida propuesta por el Ejecutivo distrae la atención de los problemas sin atender de la política de competencia. La prioridad debería estar en fortalecer la autonomía técnica y política del Indecopi como autoridad de competencia. Esto sería más efectivo para evitar prácticas anticompetitivas. De acuerdo con la OCDE (2018), el mecanismo actual de designación del presiente de Indecopi supone un riesgo para la independencia de la institución, dado que depende exclusivamente del Ejecutivo, sin requerir consensos políticos, y no se exige experiencia previa o conocimientos específicos sobre la materia de competencia de la institución.
La OCDE también recomienda fortalecer el capital humano dentro del Indecopi para asegurar una adecuada capacidad de identificación de prácticas anticompetitivas en el país. La institución considera que es necesario contratar más especialistas y establecer que los miembros de la Comisión y el Tribunal de Competencia laboren a tiempo completo. Adicionalmente, la entidad señala que los salarios de los trabajadores del Indecopi son poco competitivos en comparación con otros países de la región y dificultan la retención del personal con conocimiento especializado que demanda la entidad.
Conclusión
El proyecto de ley planteado por el Ejecutivo desconoce la legislación ya existente y son estos los peligros económicos y sociales que hay que evitar.
Carece de sentido restringir nuevas tecnologías o productos que otorguen una ventaja justa a determinada empresa. De la misma manera, no tiene sentido prohibir la existencia de monopolios naturales como Sedapal.
Se requiere evitar el abuso de posición de dominio que perciben las empresas monopólicas. Para ello, se debe contar con un órgano regulatorio -Indecopi- que cuente con la capacidad técnica y la independencia política para asegurar el cumplimiento de las normas actuales.