Boletín IPE: Misión de empleo 2022
La dinámica de los mercados de trabajo de Perú y Colombia está estrechamente relacionada a las generadoras de empleo, las empresas.
Los mercados laborales de Perú y Colombia son bastante similares. En ambos casos, la mayoría de los trabajadores se emplea en la informalidad, percibe bajos ingresos y no accede a una adecuada protección social.
Tras darse a conocer los resultados del grupo de trabajo Misión de Empleo, que tuvo como principal objetivo evaluar los principales problemas del mercado laboral colombiano y proponer estrategias concretar para atenderlos, y en vista de las similitudes antes mencionadas, las medidas sugeridas podrían utilizarse para mejorar las condiciones laboras en el Perú.
El mercado laboral en Perú y Colombia
La precariedad de las condiciones laborales se agravó con el golpe de la pandemia sobre la economía y el mercado laboral. En efecto, Perú (-13%) y Colombia (-11%) se ubican entre los países de América Latina con mayor reducción del empleo en 2020.
Pese al crecimiento económico de ambos países en los últimos 10 años, la informalidad se mantiene como un problema estructural. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los últimos cinco años, la tasa de informalidad en el Perú se ha mantenido cerca al 80%, mientras que la de Colombia bordea el 60%.
La mayor informalidad en el Perú podría estar relacionada a un menor desempleo comparado con el de Colombia. Esto indicaría que los trabajadores peruanos logran emplearse más rápido, pero en condiciones laborales inadecuadas.
Otro factor es que en ambos países los trabajadores rotan entre empleos asalariados e independientes, así como entre ser formales e informales. Es decir, su clasificación puede cambiar varias veces a lo largo de su vida laboral.
Además, en ambos países la dinámica de los mercados de trabajo está muy relacionada con las empresas, ya que el desarrollo empresarial está vinculado con mayores salarios y mejores condiciones laborales para los trabajadores.
El foco del problema: inadecuada legislación laboral
La Misión reconoce que uno de los aspectos fundamentales que condiciona el funcionamiento del mercado de trabajo es la legislación. El marco jurídico vincula directamente las condiciones de acceso a la protección social con las características laborales de los trabajadores.
Mientras que en Colombia los trabajadores dependientes y los independientes que ganen por encima del salario mínimo, están obligados a contribuir al sistema de protección social en salud y pensiones. En Perú, solo los trabajadores dependientes están obligados a realizar contribuciones para financiar el acceso a la salud, pensiones, compensación por tiempo de servicios, entre otros.
En la medida que gran parte de los trabajadores del Perú se emplean de forma independiente o son informales, la legislación laboral peruana falla en su objetivo de proveer una protección social adecuada a la mayoría de los trabajadores. Frente a ello, se han creado sistemas de protección social no contributivos que coexisten con los contributivos.
Al respecto, la Misión señala que la existencia paralela de un régimen contributivo y no contributivo de protección social en salud es problemática porque elimina los incentivos para que los trabajadores busquen emplearse dentro de la formalidad.
Recomendaciones de política de la Misión de Empleo
Frente a este escenario de baja cobertura de la protección social contributiva y de distorsiones que se generan a partid de la coexistencia de regímenes contributivos y no contributivos, la Misión de Empleo propone que Colombia transite hacia un sistema de protección social universal, que no dependa de las condiciones laborales de los trabajadores. Así, el financiamiento de la protección social pasaría a sostenerse en la tributación general.
La Misión sostiene, además, que la universalidad de la protección social también contribuirá a mejorar la productividad y calidad de los empleos, ya que reducirá los incentivos para que los trabajadores se empleen en la informalidad.
Respecto a las pensiones de jubilación, se propone la migración hacia un solo sistema compuesto por dos elementos: una pensión básica universal y una pensión complementaria financiada con las contribuciones de los trabajadores, independientemente de su condición laboral o nivel de ingresos.
Estas propuestas se podrían adaptar con facilidad a la realidad peruana debido a las similitudes entre ambos mercados laborales.
En el caso peruano, se propone una pensión mínima garantizada por el Estado que complemente el ahorro individual privado para quienes no logren acumular un fondo de ahorro mínimo para su jubilación; y avanzar hacia un sistema de salud unificado y universal, subsidiado para las personas en condición de pobreza y cofinanciado para el resto de la población.
Eliminar la multiplicidad de regímenes de protección social permitiría una mayor inclusión social y contribuiría a incentivar el crecimiento de las empresas, facilitando el acceso de los trabajadores a empleos de mayor calidad.